OTRA EMPRESA HISTÓRICA EN CRISIS: LA CAÍDA DEL CONSUMO GOLPEA A LA INDUSTRIA BAJO EL AJUSTE NACIONAL
Una de las firmas fabricantes de bebidas con mayor trayectoria en el país —con más de 70 años de historia y una planta industrial que opera en General Ramírez, provincia de Entre Ríos— solicitó formalmente la apertura de un concurso preventivo de acreedores ante la Justicia civil y comercial, tras atravesar una fuerte caída en su nivel de actividad y una acumulación de dificultades financieras que le impiden sostener sus compromisos operativos y comerciales.
El proceso fue iniciado ante el Juzgado Civil y Comercial N°9 de Paraná, a cargo del juez Ángel Luis Moia, luego de que la compañía presentara un escrito en el que describió la compleja situación económica que motivó su pedido de protección judicial. El magistrado abrió el procedimiento el 10 de junio pasado, a partir de la presentación realizada semanas antes, y ordenó la inhibición general de bienes, medida que restringe la posibilidad de vender o transferir activos sin autorización judicial, mientras se desarrolla la etapa de reorganización bajo supervisión judicial y sindicatura.
En la documentación elevada al tribunal, la empresa argumentó que la combinación de una persistente caída del consumo, especialmente en bienes considerados no esenciales como bebidas saborizadas y cervezas, junto con un proceso inflacionario prolongado y el aumento de los costos de insumos y transporte, erosionó su competitividad y presionó sus márgenes de rentabilidad hasta límites insostenibles. En ese marco, señaló que no pudo trasladar los incrementos de costos al precio final sin perder participación en el mercado, lo que terminó por comprimir utilidades y generar desequilibrios financieros.
La empresa explicó que este descenso en la demanda se sumó a la dificultad de acceso al crédito bancario en un contexto de elevadas tasas de interés, lo que restringió su capacidad para financiar inventarios y sostener inversiones productivas. Asimismo, la morosidad de algunos clientes —incluida la acumulación de cheques rechazados por más de mil millones de pesos registrados ante el Banco Central— agravó la situación de liquidez.
En su presentación, la compañía afirmó que este concurso preventivo puede permitirle reorganizar sus compromisos financieros, equilibrar sus pasivos y redestinar recursos hacia la producción, al tiempo que aseguró que su actividad sigue siendo viable en el mediano y largo plazo si se logra un desahogo financiero adecuado para enfrentar la crisis actual.
La firma, originada en 1956, produce una amplia gama de bebidas y productos alimenticios, y ha sido históricamente uno de los empleadores más relevantes de General Ramírez, una localidad de poco más de 13.000 habitantes. Además de bebidas, su producción incluye líneas complementarias como fideos secos y dulces regionales, elementos que forman parte del tejido económico y social de la comunidad local desde hace décadas.
La situación que atraviesa esta empresa no es un caso aislado en Argentina: en los últimos meses, varias compañías emblemáticas de distintos rubros han recurrido a procedimientos preventivos de crisis y mecanismos similares, aduciendo en sus presentaciones la caída del consumo interno, la presión de costos y la dificultad para acceder a financiamiento como factores que erosionan su viabilidad operativa y comercial. Este escenario, según empresarios y analistas, refleja una retracción sostenida de la demanda doméstica y tensiones económicas que impactan incluso en firmas con trayectoria de décadas en el mercado.
Con el concurso preventivo en marcha, la compañía y sus acreedores tendrán un plazo judicial para negociar acuerdos de pago y definir un plan de reestructuración que le permita mantener la actividad y preservar la mayor cantidad posible de fuentes de trabajo, mientras intenta superar la coyuntura adversa que la llevó a esta instancia.
