PIDEN LA DETENCIÓN DE CAPUTO Y BAUSILI POR LAS PÉRDIDAS MILLONARIAS EN LAS OPERACIONES CON EL ORO DEL BANCO CENTRAL
El abogado Gregorio Dalbón amplió una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y solicitó su detención por las operaciones financieras realizadas con las reservas de oro durante 2025. El pedido también alcanza a Juan Curutchet, director de la entidad y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias.
La presentación judicial se produjo luego de que un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) señalara un resultado negativo de aproximadamente 1.023 millones de dólares asociado a estas operaciones. Ahora, el juez federal Ariel Lijo deberá evaluar el planteo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
La denuncia apunta a determinar si hubo irregularidades en la administración de las reservas y si las decisiones adoptadas ocasionaron un perjuicio económico para el Estado. Dalbón planteó posibles delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En su ampliación, el abogado argumentó que los funcionarios investigados ocupan posiciones de conducción en los organismos que poseen documentación relevante para esclarecer los hechos. Por ese motivo, advirtió sobre un eventual riesgo de entorpecimiento de la investigación y solicitó medidas para preservar contratos, registros contables, comunicaciones y actas institucionales.
Además de las detenciones, la presentación incluye pedidos de nuevas pruebas y documentación. Entre otras medidas, reclama que la AGN aporte sus papeles de trabajo, que el Banco Central entregue los antecedentes de las operaciones y que el Ministerio de Economía informe sobre las comunicaciones mantenidas con la autoridad monetaria.
El planteo también solicita una pericia contable para determinar cómo se estructuraron los instrumentos financieros, cuáles fueron sus resultados y si existió un daño patrimonial para el Estado.
La controversia se relaciona con operaciones que involucraron certificados vinculados con las reservas de oro del país. El debate se centra tanto en el resultado financiero registrado durante 2025 como en las condiciones de esas transacciones y la información disponible sobre la ubicación y situación actual de las reservas comprometidas.
El caso suma presión judicial sobre dos funcionarios centrales de la política económica del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el pedido de detención constituye una solicitud de parte y no una resolución judicial: será la Justicia la que determine si corresponde adoptar esa medida y cómo continúa la investigación.
