En el Gobierno nacional existe preocupación creciente ante la posibilidad de que la próxima presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelva a intensificar el escándalo político y judicial que ya viene afectando la gestión.
La inquietud se centra en que la divulgación de los datos patrimoniales completos —que el funcionario debía presentar ante la Oficina Anticorrupción— podría reactivar críticas y cuestionamientos por inconsistencias detectadas en su patrimonio, en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Adorni, cuyos bienes y declaraciones ya habían sido objeto de escrutinio público y judicial, aún no definió la fecha exacta de entrega de la documentación actualizada, aunque fuentes políticas señalan que trabajará para presentarla antes del 15 de junio.
Fuentes del Gobierno sostienen que la presentación busca poner fin al desgaste político que genera el tema, en un contexto en el que diversas versiones internas especulan sobre el impacto que la demora y las revelaciones patrimoniales pueden tener sobre la imagen del Ejecutivo.
En paralelo, el oficialismo ha enfrentado presiones tanto internas como externas para agilizar la entrega de estas declaraciones. La Oficina Anticorrupción incluso extendió el plazo formal para la presentación de declaraciones juradas de todos los funcionarios, trasladándolo hasta el 31 de julio, en un intento por ordenar administrativamente su cumplimiento en medio del escándalo.
La polémica alrededor de la declaración jurada de Adorni se suma a una serie de interrogantes sobre su situación patrimonial, que ya fue motivo de publicación en medios y análisis políticos con trascendencia pública.
