CRECE LA PRECARIZACIÓN: MILITARES PODRÁN TRABAJAR COMO CHOFERES O REPARTIDORES PARA LLEGAR A FIN DE MES
El Gobierno nacional autorizó a integrantes de las Fuerzas Armadas a desempeñar actividades laborales en el sector privado fuera de su horario de servicio, una medida que busca flexibilizar las restricciones vigentes y permitir que soldados, suboficiales y oficiales complementen sus ingresos con otros trabajos.
Entre las tareas habilitadas figuran actividades vinculadas a plataformas de transporte, reparto de mercaderías, seguridad privada y otros servicios compatibles con la función militar. La decisión fue presentada por la administración de Javier Milei como una ampliación de oportunidades laborales para el personal castrense.
Sin embargo, la medida también expuso la delicada situación económica que atraviesan las Fuerzas Armadas. Diversos informes y sectores vinculados a la defensa vienen advirtiendo desde hace meses sobre la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las dificultades para retener personal capacitado, en un contexto marcado por la inflación y los ajustes presupuestarios.
Según distintas publicaciones, el deterioro de los ingresos provocó un aumento de las solicitudes de baja y el éxodo de oficiales y especialistas hacia el sector privado, donde encuentran mejores condiciones salariales. La autorización para contar con un segundo empleo aparece así como una herramienta para evitar que continúe la salida de personal formado por el Estado.
La resolución abrió además un debate sobre la situación estructural de las Fuerzas Armadas. Mientras el Gobierno sostiene que se trata de una modernización de las normas laborales, sectores críticos consideran que la medida refleja la imposibilidad de garantizar salarios suficientes para quienes cumplen funciones de defensa nacional.
En este escenario, la imagen de militares recurriendo a trabajos complementarios para llegar a fin de mes se convirtió en un nuevo indicador de las tensiones económicas que atraviesan distintos sectores del Estado, en medio de una política de ajuste que continúa generando controversias dentro y fuera del ámbito gubernamental.
