FUNCIONARIOS DE MILEI SE SUMAN AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE GANANCIAS Y CRECE LA POLÉMICA
La utilización del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias por parte de funcionarios nacionales comenzó a generar un fuerte debate político luego de que se conociera que varios integrantes de la administración de Javier Milei decidieron adherirse al sistema impulsado por el propio Gobierno.
La discusión tomó mayor relevancia tras revelarse que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó ingresar al régimen luego de que también lo hiciera su esposa, en medio de cuestionamientos vinculados a la evolución de su patrimonio. Según trascendió, el mecanismo permite presentar declaraciones simplificadas y limita las revisiones fiscales sobre períodos anteriores, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa.
La lista de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo que optaron por adherir al Régimen Simplificado de Ganancias continúa creciendo. Además de Manuel Adorni, también se sumaron la jefa de asesores de la Jefatura de Gabinete, Aimé Vázquez; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el realizador audiovisual Santiago Oría, responsable de gran parte de la estrategia audiovisual del Gobierno; el economista y senador oficialista Agustín Monteverde; y el exdiputado nacional José Luis Espert. La ampliación de la nómina alimenta las críticas de sectores opositores, que cuestionan que funcionarios y referentes políticos cercanos al poder se beneficien de un esquema impulsado por la propia administración nacional.
El esquema forma parte de la denominada “Inocencia Fiscal”, una reforma impulsada por el oficialismo que elevó los montos mínimos para configurar delitos tributarios y creó un sistema simplificado para determinados contribuyentes. La medida fue presentada por el Gobierno como una herramienta destinada a reducir cargas burocráticas y facilitar la regularización de situaciones fiscales.
Sin embargo, la adhesión de funcionarios públicos despertó críticas desde distintos sectores políticos, que cuestionan que quienes ocupan cargos de responsabilidad estatal puedan acceder a beneficios diseñados para simplificar controles tributarios. Algunos dirigentes opositores incluso plantean la necesidad de introducir restricciones para funcionarios y familiares directos.
Mientras tanto, desde el oficialismo sostienen que el régimen es completamente legal y que no impide eventuales investigaciones judiciales por delitos como enriquecimiento ilícito o lavado de activos, ya que las causas penales continúan su curso por fuera de los procedimientos fiscales.
