EL CASO ADORNI COMPLICA LA NEGOCIACIÓN DE LA LEY DE INOCENCIA FISCAL EN DIPUTADOS
La discusión por la nueva Ley de Inocencia Fiscal se complicó para el Gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados. El principal punto de conflicto quedó concentrado en el antecedente de Manuel Adorni, cuya adhesión al régimen simplificado de Ganancias generó fuertes cuestionamientos de distintos sectores de la oposición.
La Libertad Avanza mantiene la intención de avanzar con el proyecto y busca emitir dictamen en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal. Sin embargo, las negociaciones con los bloques dialoguistas se volvieron más difíciles y todavía no está garantizado que el oficialismo consiga los respaldos necesarios.
El caso Adorni se convirtió en uno de los principales argumentos de quienes cuestionan la iniciativa. El exjefe de Gabinete se había incorporado al régimen simplificado de Ganancias habilitado para funcionarios públicos, una situación que ahora es utilizada por la oposición para reclamar modificaciones al proyecto.
Uno de los pedidos centrales es que los funcionarios y personas políticamente expuestas queden expresamente excluidos de los beneficios contemplados en la reforma. Los sectores opositores sostienen que, de lo contrario, la normativa podría terminar beneficiando a integrantes del propio poder político.
La iniciativa impulsada por el Gobierno busca modificar el esquema de control fiscal y facilitar la formalización de determinados fondos que actualmente permanecen fuera del circuito declarado. El oficialismo considera que el nuevo régimen permitirá reducir la presión sobre los contribuyentes y promover una mayor utilización del dinero que permanece fuera del sistema financiero.
Pero el antecedente de Adorni introdujo un problema político que excede el contenido técnico de la reforma. La oposición encontró allí un argumento para cuestionar la igualdad de condiciones entre los ciudadanos comunes y los funcionarios que tienen responsabilidades dentro del Estado.
El oficialismo deberá ahora definir si acepta cambios para intentar destrabar las negociaciones o si mantiene el texto original y arriesga a que el proyecto no consiga los votos suficientes para avanzar.
La intención de La Libertad Avanza es sostener el tratamiento durante agosto, aunque las diferencias en Diputados podrían modificar el cronograma previsto. La discusión por Inocencia Fiscal se convirtió así en una nueva prueba para el Gobierno, que necesita construir acuerdos con otros bloques para sacar adelante sus principales iniciativas económicas.
