El balance económico de los primeros años de gestión libertaria muestra indicadores preocupantes para el mercado interno. Según un análisis basado en estadísticas oficiales, las ventas en supermercados acumularon ocho caídas interanuales consecutivas hasta agosto de 2026, con una baja del 3,7% respecto del mismo mes del año anterior. El retroceso se registró en 21 de las 24 provincias, lo que evidencia que la contracción del consumo se extendió a gran parte del país.
La situación también se refleja en la cantidad de empresas empleadoras. Entre junio de 2024 y junio de 2025 se produjo una reducción neta de 5.728 firmas, mientras que entre junio de 2025 y junio de 2026 la cifra llegó a 16.386. De acuerdo con el relevamiento, el cierre neto de empresas se extendió a 23 provincias; Neuquén fue la única jurisdicción donde se registraron más aperturas que cierres.
El mercado laboral constituye otro de los puntos críticos del diagnóstico. La desocupación alcanzó el 7,9% en el conjunto de los aglomerados urbanos durante el segundo trimestre de 2026. En el Gran Buenos Aires llegó al 8,8%, mientras que en el Gran Córdoba subió al 10,5% y en el Gran Rosario trepó al 11,5%. En estas dos últimas regiones, los indicadores mostraron un deterioro respecto del mismo período de 2025.
A su vez, los datos de la Secretaría de Trabajo citados en el informe estiman que entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron aproximadamente 266.000 puestos de trabajo privados registrados. Cerca de 65.500 de esas bajas se concentraron en los primeros siete meses de 2026, lo que representa una parte significativa de la pérdida acumulada desde el inicio de la actual gestión.
El análisis también advierte sobre el impacto del ajuste en las provincias. Entre enero y septiembre de 2026, las transferencias de recursos a las jurisdicciones registraron una caída real del 50,3% frente al mismo período de 2025. El informe sostiene que esta reducción se suma a los recortes de años anteriores y limita la capacidad de los gobiernos provinciales para compensar los efectos de la situación económica sobre la actividad y el empleo.
Con estos indicadores como base, el director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, plantea que el deterioro del consumo, la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de empresas se profundizaron durante el último año. Su diagnóstico cuestiona los resultados sociales del programa económico del presidente Javier Milei y sostiene que las consecuencias exceden la capacidad de respuesta de las administraciones provinciales.
