BULLYING EN CATAMARCA: EL GOBIERNO INVESTIGA AL COLEGIO Y BUSCA DETERMINAR SI HUBO RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
El caso de bullying que conmociona a Catamarca sumó un nuevo capítulo con el inicio de un sumario administrativo contra el Colegio Privado Pía Didoménico. El Ministerio de Educación y Trabajo de la provincia busca determinar cómo actuaron las autoridades del establecimiento frente a las denuncias de hostigamiento contra una estudiante secundaria y si existieron incumplimientos en la protección de la adolescente.
La investigación administrativa se puso en marcha después de que se viralizara un video publicado por una de las jóvenes señaladas por las agresiones, en el que relató situaciones de maltrato y burlas contra una compañera durante un viaje de egresados a Bariloche. Las declaraciones provocaron una fuerte reacción social por la crueldad de los episodios descriptos y por las referencias al sufrimiento emocional de la víctima.
Según los testimonios difundidos, las agresiones no se habrían limitado al viaje. La estudiante que publicó el video reconoció que las burlas se repetían cuando tenía oportunidad de hostigar a su compañera. También relató episodios en los que le arrojó agua y participó de provocaciones relacionadas con la difusión previa de material íntimo de la adolescente.
El caso tiene antecedentes que se remontan a abril de 2026, cuando compañeros de la víctima habrían accedido sin autorización a su teléfono celular y difundido contenido privado. Este hecho dio origen a una investigación judicial y constituye uno de los aspectos más delicados del expediente, debido a las consecuencias que puede tener la exposición de la intimidad de una persona menor de edad.
La repercusión pública llevó a las autoridades provinciales a intervenir sobre el funcionamiento del establecimiento educativo. El Ministerio solicitó a la institución un informe detallado sobre lo ocurrido y las medidas adoptadas, con el objetivo de reconstruir la respuesta escolar ante las situaciones denunciadas. Ahora, el sumario permitirá analizar si se cumplieron las obligaciones de prevención, intervención y acompañamiento que corresponden a una institución educativa.
Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar cuándo tomaron conocimiento las autoridades escolares de los hechos y qué acciones implementaron para evitar que el hostigamiento continuara. Allegados a la adolescente sostuvieron que integrantes del personal docente habrían tenido conocimiento previo de situaciones vinculadas con el caso. Esa versión deberá ser contrastada con la documentación y los testimonios que se incorporen a las actuaciones.
El colegio, por su parte, difundió un comunicado en el que aseguró que actuó con responsabilidad y celeridad desde que tomó conocimiento de la situación. También señaló que trabajó de manera articulada con los organismos competentes y reafirmó su compromiso con la protección de los derechos, la intimidad y el bienestar psicológico y emocional de los estudiantes.
Sin embargo, las explicaciones institucionales no cerraron la discusión. La comunidad educativa y numerosos familiares reclamaron respuestas concretas sobre el alcance de las intervenciones y las medidas que se adoptaron para proteger a la joven. La investigación administrativa deberá establecer si la actuación del establecimiento se ajustó a las normas vigentes y si corresponde aplicar sanciones.
En paralelo, el caso avanza por la vía judicial. Una de las investigaciones está relacionada con la presunta producción y difusión de material íntimo de una adolescente. En ese expediente, la Fiscalía Penal Juvenil imputó a tres jóvenes por hechos que deberán ser esclarecidos durante el proceso. Una segunda causa se concentra en el presunto hostigamiento sistemático y en sus posibles consecuencias psicológicas para la víctima.
Ambos procedimientos tienen objetivos diferentes. Mientras la Justicia debe determinar las responsabilidades individuales por los hechos denunciados, el Ministerio de Educación analiza la conducta de la institución y el cumplimiento de sus deberes. La apertura del sumario no implica que el colegio ya haya sido declarado responsable, sino que busca reunir elementos para establecer qué ocurrió y si hubo faltas administrativas.
El caso también expuso la dimensión que puede alcanzar la violencia entre adolescentes cuando se combina con redes sociales, humillaciones públicas y difusión de contenido privado. La viralización del video permitió que el episodio trascendiera el ámbito escolar, pero también incrementó la exposición de las personas involucradas y el riesgo de que la situación se transforme en nuevas agresiones.
La prioridad, mientras continúan las investigaciones, es garantizar la protección de la estudiante afectada, preservar su intimidad y asegurar que pueda continuar su trayectoria educativa en condiciones adecuadas. También resulta fundamental evitar la difusión de imágenes privadas y no convertir la indignación pública en nuevas formas de violencia.
El sumario contra el Colegio Pía Didoménico deberá aportar claridad sobre una pregunta central: si la institución actuó de manera adecuada frente a las señales de hostigamiento y si adoptó las medidas necesarias para resguardar a la adolescente. La respuesta será clave para establecer responsabilidades y determinar qué cambios deben implementarse para prevenir situaciones similares.
