PARAGUAY ENTRA EN UNA CRISIS INSTITUCIONAL TRAS LA RENUNCIA DE SANTIAGO PEÑA POR EL ESCÁNDALO DE UENO BANK
La renuncia del presidente paraguayo Santiago Peña, anunciada este jueves 5 de noviembre de 2026, abrió una profunda crisis política e institucional en el país. El mandatario decidió abandonar el cargo después de que legisladores opositores y sectores de su propio Partido Colorado impulsaran un juicio político por el escándalo financiero de Ueno Bank, una entidad cuya intervención dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros.
La decisión llegó en un momento de máxima tensión. Mientras el Congreso debatía la destitución presidencial, Peña difundió un mensaje en el que comunicó que presentaba su renuncia para preservar la estabilidad nacional, la paz social y las instituciones democráticas.
El origen del conflicto está en la intervención de Ueno Bank, dispuesta por el Banco Central del Paraguay después de detectar graves problemas de solvencia. La entidad tenía aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes, por lo que la medida provocó un impacto inmediato sobre una parte importante de la población.
Los usuarios quedaron sin posibilidad de disponer normalmente de sus depósitos, mientras miles de personas comenzaron a reclamar respuestas frente a las sucursales bancarias. La situación también afectó a trabajadores y beneficiarios de prestaciones que dependían de cuentas administradas por la entidad.
El caso adquirió una dimensión política por los vínculos empresariales que existieron entre Peña y el grupo relacionado con el banco. El presidente había sido accionista de Grupo Vázquez, propietario de Ueno, hasta marzo de 2025. Esa relación despertó cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses, especialmente por el crecimiento de la entidad durante su administración y la llegada de importantes recursos públicos.
Entre los fondos involucrados se encuentran depósitos de organismos estatales y del sistema previsional, incluido el Instituto de Previsión Social. La magnitud de esos recursos generó interrogantes sobre los controles aplicados y las decisiones que permitieron que una entidad privada concentrara una parte significativa de los ahorros de la población y fondos públicos.
La crisis también alcanzó al Banco Central, cuyo titular, Carlos Carvallo, había presentado su renuncia días antes, a pedido del propio Peña. La situación incrementó las dudas sobre la supervisión financiera y el funcionamiento de los mecanismos de control.
La presión política se intensificó cuando el expresidente Horacio Cartes respaldó públicamente el juicio político contra Peña. Su posicionamiento tuvo especial importancia dentro del Partido Colorado, una fuerza política que había sido el principal sostén del Gobierno.
Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación contra el mandatario, con 78 votos favorables, pese a que Peña ya había anunciado su renuncia. El procedimiento fue enviado al Senado, que deberá resolver las instancias institucionales pendientes.
El vicepresidente Pedro Alliana quedó como sucesor constitucional para completar el mandato presidencial hasta agosto de 2028, aunque la transición debe ajustarse a los procedimientos correspondientes.
La crisis dejó de ser exclusivamente bancaria y se convirtió en un conflicto que compromete al Gobierno, al partido oficialista y a los organismos responsables de supervisar el sistema financiero. Mientras tanto, los depositantes continúan esperando garantías para recuperar sus fondos.
La investigación periodística apunta a que el problema no fue solamente la caída de un banco: también quedaron bajo cuestionamiento los vínculos entre el poder político, los empresarios propietarios de la entidad y los organismos encargados de controlar el sistema financiero.
